A través de un comunicado conjunto de fecha 9 de noviembre de 2016, los Ministros de Economía e Industria habían anunciado que la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) había finalizado sus investigaciones relativas a los motores de Renault y transmitido vía verbal sus conclusiones al Tribunal de Nanterre. Este último ha enviado el expediente al Tribunal de París, que es la jurisdicción competente en materia de consumo.
El Grupo Renault toma nota, sin haber tenido aún confirmación oficial, de la apertura de investigaciones judiciales por "engaño en las calidades esenciales y los controles realizados, lo que ha llevado a que los productos sean peligrosos para la salud de los seres humanos o animales".