Sólo una tercera parte del parque público es alquilado (y eso nos ahorraría 225 millones a los españoles)

El conjunto de las Administraciones Públicas españolas podría ahorrar más de 225 millones de euros si alquilase a largo plazo los vehículos que componen sus flotas en lugar de recurrir a la compra directa, lo que supondría una reducción del gasto de cerca del 20%, según un estudio de Arval, compañía especializada en renting del grupo BNP Paribas.

Concretamente, el coste medio de adquisición de un vehículo por renting con las características que requieren las AA.PP. no supera los 18.000 euros, frente a los más de 22.500 euros en que éstos oscilan bajo el modelo de compra directa, lo que se traduce en un ahorro de 4.500 euros por vehículo.

El futuro de la planta de Nissan en Ávila, asegurado con el apoyo de las Administraciones

El acto, que marca el inicio de una nueva etapa hacia la mejora de la competitividad para las instalaciones abulenses, cuenta con la visita del Ministro de Industria, Miguel Sebastián, y del Vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León a la fábrica de Nissan.

La planta de Nissan en Ávila ha recibido hoy la visita del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y del Vicepresidente segundo y Consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, entre otras personalidades, con motivo de los acuerdos de competitividad alcanzados entre las administraciones, los sindicatos y la empresa.

España: Ganvam refuerza su papel institucional frente a las Administraciones Autonómicas

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), que representa a 2.400 concesionarios y 3.000 compraventas, reforzará su papel institucional frente a organismos y administraciones públicas, potenciando la presencia del sector de la venta y reparación en algunas de las principales comunidades autónomas de España.

Con el objetivo de conseguir una presencia más activa en las distintas regiones, la Junta Directiva de Ganvam aprobó en su última reunión, crear una estructura geográfica fuerte y ramificada por comunidades autónomas, con el fin de proteger a sus asociados de la problemática particular del sector, así como realizar una defensa más “localizada” de sus intereses.