El conjunto de las Administraciones Públicas españolas podría ahorrar más de 225 millones de euros si alquilase a largo plazo los vehículos que componen sus flotas en lugar de recurrir a la compra directa, lo que supondría una reducción del gasto de cerca del 20%, según un estudio de Arval, compañía especializada en renting del grupo BNP Paribas.
Concretamente, el coste medio de adquisición de un vehículo por renting con las características que requieren las AA.PP. no supera los 18.000 euros, frente a los más de 22.500 euros en que éstos oscilan bajo el modelo de compra directa, lo que se traduce en un ahorro de 4.500 euros por vehículo.
De las cerca de 100.000 unidades que actualmente conforman el parque de las AA.PP. únicamente una tercera parte se encuentra bajo el modelo de alquiler a largo plazo con servicios incluidos, frente a una gran mayoría adquiridos mediante la tradicional compra directa.
En la actualidad, cerca de 2.000 entidades públicas concentran el 5% de los coches de renting que se mueven en España, siendo los ayuntamientos- con una cifra cercana a los 1.500- los principales usuarios de este tipo de vehículos. La Administración Central agrupa el 40% total de la flota mientras que las autonomías y municipios representan el 31% y 29%, respectivamente.
Los vehículos empleados por el sector público se destinan a multitud de funciones, algunas de las cuales suponen un gran desgaste de uso y mantenimiento, por lo que exigen coches siempre a punto; tal es el caso de los cuerpos de seguridad o emergencias y servicios de limpieza, así como a vehículos especiales, coches oficiales o de representación, abarcando todos los segmentos pero, principalmente, medio-bajo, comerciales y todoterreno, según las funciones que realicen.
Control del gasto y flexibilidad presupuestaria
El potencial de esta nueva vía de ahorro, que cobra especial relevancia en el actual contexto de austeridad y contención presupuestaria en el sector público, podría ser superior si se considera además la reducción de costes derivada de la externalización de los servicios relacionados con la gestión y uso de los vehículos como son el seguro, el mantenimiento o las reparaciones, entre otros.
El cambio de compra a alquiler permitiría a las AA.PP. que aún no han implantado este modelo planificar con antelación el uso de sus recursos económicos, optimizando el gasto y redirigiendo sus recursos humanos hacia las actividades que le son propias, dejando en manos de las compañías alquiladoras todos los aspectos relativos a la gestión de las flotas.
Asimismo, las entidades públicas podrían renovar sus vehículos de forma periódica, lo que contribuiría a emplear modelos más modernos y con un menor consumo de carburante, contribuyendo al rejuvencimiento del parque; en este sentido, existe la posibilidad de acceder incluso a los vehículos más eficientes del mercado, como eléctricos, híbridos o que utilicen biocombustibles, impulsando el desarrollo de estas nuevas tecnologías donde la Administración Pública, gracias a la promoción de su uso, se convertiría en el mejor ejemplo.
| Fuente: Arval | Imagen: Infiniti | Alcance: España
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