La asociación del transporte urbano colectivo ATUC pide que al menos una cuarta parte de lo que se recaude al equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina se destine al sistema de transporte público, tanto para su financiación como para inversiones, en tanto el nuevo Gobierno incrementará el impuesto especial que grava el gasóleo por contaminar más que la gasolina.
En concreto, ATUC reclama que más de 500 millones de euros se inviertan en el sistema de transporte público, teniendo en cuenta que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se estima que igualar ambos impuestos se traduciría en unos ingresos extra superiores a los 2.100 millones. De esta manera, se contribuiría a que cada vez más usuarios opten por el transporte público para sus desplazamientos diarios y a reducir el número de coches en circulación, lo que serviría para disminuir los niveles de contaminación y luchar contra el cambio climático. Y es que el tráfico rodado origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden al tránsito de coches.
En este sentido, el objetivo del impuesto es modificar el comportamiento de los actores contaminantes para reducir el daño ambiental que provocan, siguiendo la máxima de que "quien contamina, paga". Por ello, el impuesto no sólo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución, es decir, el transporte urbano colectivo.
En la misma línea, la parte de recaudación que reclama ATUC ayudaría a financiar el sistema de transporte público, que cuesta unos 5.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente la mitad se cubre con los ingresos por billete, pero la otra se sufraga con recursos públicos.
¿Cómo contribuirían esos fondos?
ATUC considera que esos recursos obtenidos de los impuestos a los carburantes podrían destinarse tanto para renovar la flota y hacerla más sostenible como para reducir la frecuencia y los tiempos de espera y de viaje. Y es que mientras que en España la velocidad comercial media de un autobús es de 15 kilómetros, en ciudades referentes en movilidad como Helsinki, Oslo o Ámsterdam es mucho mayor. Y ésta es, precisamente, una de las claves para propiciar el cambio modal y que millones de españoles dejen el coche y utilicen el transporte público en sus desplazamientos habituales.
Finalmente, ATUC recuerda que esta revisión de los impuestos medioambientales es uno de los tres ejes sobre los que se debe sustentar el cambio hacia medios de transporte sostenibles, junto con la próxima Ley del Cambio Climático y los planes urbanos de movilidad. Todo para reducir el impacto que tiene de la contaminación del aire, que cada año provoca la muerte en nuestro país de más de 25.000 personas.
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, "los impuestos, en parte, sirven para incentivar o desincentivar el consumo de productos o servicios y modificar comportamientos. Y si pensamos en la lucha contra el cambio climático y el objetivo de reducir la contaminación, la fiscalidad puede ser un instrumento de enorme ayuda para forzar el cambio en los hábitos de desplazamiento. Aumentar la fiscalidad al diésel y equipararla con la de la gasolina ayudará a reducir la contaminación, puesto que debido a la menor carga fiscal que soporta el gasóleo, tenemos un parque automovilístico 'dieselizado', pese a que los coches diésel emiten aproximadamente un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que uno con motor de gasolina".
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