El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM), Juan Antonio Sánchez Torres, subrayó la necesidad de que la nueva Ley de Contratos de Distribución que está actualmente en trámite parlamentario se aplique a todos los contratos entre marcas y concesionarios, incluyendo aquellos firmados antes de su entrada en vigor, pues de lo contrario se produciría 'una auténtica burla a la normativa'.
Sánchez Torres -que representa a 4.600 concesionarios/servicios oficiales y 3.000 compraventas- señaló que para ello se debería conceder un periodo transitorio de un año, lo que otorgaría a los contratantes -fabricantes y concesionarios- la certeza y seguridad jurídica necesarias para adaptar los contratos con tiempo suficiente, respetando en todo momento el principio de legalidad e irretroactividad de las leyes.
De no aplicarse esta medida, que ya estaba incluida en el anteproyecto de Ley original, se daría pie a que las marcas que en estos momentos están pasando por procesos de firma de nuevos contratos eludan la aplicación de la nueva normativa, lo que la convertiría en "papel mojado".
Libertad y respeto mutuo
El responsable de Ganvam solicitó además que la nueva Ley de Contratos de Distribución elimine cualquier limitación a la libre transferencia de los negocios, pues ésta supone "una libertad esencial" del distribuidor para materializar su inversión de inmediado y garantizar su independencia económica frente al proveedor, en beneficio del consumidor.
En este sentido, Sánchez Torres recalcó que "en las redes de concesionarios, donde hay un proveedor y cientos de distribuidores homogéneos, lo verdaderamente importante y exigible es que el posible comprador de una concesión, cumpla con los requisitos de solvencia económica, personal, y recursos que exige la marca".
Este espíritu de confianza y mutuo acuerdo también debe extenderse, según Ganvam, a otros elementos esenciales del contrato, como son los objetivos, el stock y o los vehículos de demostración. De este modo, subrayó que además de aprobarse el criterio de las necesidades de abastecimiento del mercado, es razonable exigir que estos sean consensuados por ambas partes.
"Una cosa es que el proveedor pueda exigir a sus distribuidores exhibir toda su gama de modelos, y otra que les obligue a una compra mínima de cada uno de ellos, o que le envíe vehículos no solicitados, forzando al distribuidor a adquirir un stock que no es acorde con el mercado", ejemplificó Sánchez Torres.
Aprobación de urgencia
Por otro lado, Ganvam alertó de que la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 20 de noviembre obligará a disolver las Cortes con antelación, lo que con toda probabilidad retrasará la aprobación de la ley hasta después de los comicios y la posterior sesión constituyente, ralentizando su tramitación que tiene el carácter de urgencia.
No obstante, Sánchez Torres señaló que "la coincidencia de fabricantes y distribuidores en la gran mayoría de aspectos de la norma, así como el fuerte compromiso de todos los grupos políticos implicados, aseguran que la Ley saldrá adelante antes o después, confiriendo al sector mayor fortaleza, aunque la difícil situación que éste atraviesa exige que su aprobación se realice con la máxima celeridad".
| Fuente: Ganvam | Alcance: España
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