Aneval, la asociación que agrupa a la mitad del mercado del rent a car en España, ha solicitado al Gobierno balear una moratoria para aplicar la Ley de Cambio Climático con el objetivo de que la Administración disponga del tiempo suficiente para hacer real una infraestructura de puntos de recarga en las islas y de que los fabricantes lancen una mayor oferta de vehículos eléctricos que facilite esta transición.
Para Aneval, las exigencias de esta Ley, que marca para 2020 el objetivo de que el 2% de las compras de vehículos de los alquiladores para Baleares sean eléctricos y que un 0,6% de flota esté electrificada, no se ha visto acompasada por una política de inversiones en infraestructuras o un plan de incentivos que, en lugar de prohibir las motorizaciones de combustión, estimule la demanda de esta nueva tecnología.
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Prueba de ello es que mientras que las ventas de modelos eléctricos en Baleares apenas se incrementaron un 0,7% en lo que va de año, en Canarias lo hicieron en un 75%, es decir, 100 veces más, gracias a la iniciativa de la Administración canaria de eliminar el IGIC en la compra de este tipo de modelos.
Además, Baleares es la novena comunidad con menor penetración de vehículo electrificado y de desarrollo de infraestructura de recarga, según datos de Anfac del segundo trimestre del año, situándose alejada de regiones con menor PIB per cápita como Asturias y Castilla-La Mancha. Asimismo, es la segunda comunidad con menos puntos de recarga rápida, tan sólo por delante de Ceuta y Melilla.
Una oferta exigua
Para Aneval, el cumplimiento de esta normativa en los términos planteados es todavía más difícil si se tiene en cuenta la falta de una oferta completa de vehículos eléctricos, pues del total de 336 modelos que se comercializan en España, tan sólo 21 son eléctricos (el 6,2% del total de modelos ofertados). Esto explica que estas motorizaciones sólo acaparen un 0,7% de las ventas totales en lo que va de año.
Otro hándicap para la electrificación de las flotas de rent a car está en el coste de adquisición de estos modelos, que parten de los 25.000 euros, el equivalente a un modelo Premium, lo que dificulta a los pequeños operadores esta transición pues carecen del músculo financiero necesario para acometer estas inversiones. Sólo en Baleares hay un total de 341 pequeñas y medianas empresas de rent a car que difícilmente podrían llegar a este objetivo de electrificación.
Indefiniciones
Por otro lado, la asociación recuerda que la Ley de Cambio Climático presenta "indefiniciones" de carácter temporal y territorial que dificultan en extremo llevar el texto legal a la práctica. Y es que esta normativa obvia que las decisiones de compras no son geográficas y que el carácter móvil de las flotas entre territorios complica cuantificar qué compras van destinadas a operar en cada zona.
Este dinamismo es precisamente el que hace difícil cumplir con el objetivo de que un 0,6% de flota esté electrificada en 2020 pues supondría un "trajín" de coches entre territorios insulares y peninsulares para responder al nivel exigido. Además, la norma no especifica en qué periodo temporal se va a contabilizar ese porcentaje de flota eléctrica, si debe ser en la media de todo el año o teniendo en cuenta el valor al final de cada mes, por citar dos supuestos, y cómo deben justificarlo los operadores.
Según el director corporativo de Aneval, José Luis Sanz, "el sector del rent a car está completamente de acuerdo con la descarbonización del parque, pero ésta no se puede llevar a cabo de una manera acelerada ni discriminando tecnologías. Sería deseable que el Gobern balear flexibilice esta normativa con el objetivo de facilitar a los operadores de rent a car, tanto grandes como pequeños".
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